¿Por qué las encuestas deben considerar el área rural?
Ya es un lugar común entre políticos y analistas la crítica a las encuestas electorales publicadas porque no consideran o lo habrían hecho de manera incompleta las opiniones de los ciudadanos que habitan las áreas rurales.
Para empezar, hay que precisar términos, que a veces son confundidos por los no especialistas: el Instituto Nacional de Estadística (INE) denomina como “rurales” a todas las localidades y/o lugares de residencia con una población menor a 2.000 habitantes. Estas acogerían al 28% de la población mayor de 18 años según los datos de la última encuesta de hogares del INE (2019). Por tanto, “urbanas” no son únicamente las grandes ciudades capitales de departamento, sino también una gran cantidad de localidades intermedias mayores a 2.000 habitantes.
Luego, no es suficiente decir que en una investigación se ha encuestado a personas en “las provincias” o en “localidades intermedias y pequeñas” para que esa muestra sea considerada como “urbano-rural”. Lo ideal sería diseñar un marco muestral con una segmentación territorial que considere los diversos ámbitos geosociales que componen el país, lo cual suele ser ya hecho por las encuestadoras con mayor experiencia.
En resumen, ¿por qué tanta insistencia en incluir a las zonas rurales dispersas y de pequeñas localidades? En primer lugar, porque su peso demográfico (aproximadamente el 16% del total potencial de votantes) es muy significativo demográficamente y también porque sus comportamientos político-electorales son marcadamente diferentes a los del resto de la población (ver gráfico interactivo para ver las tendencias de voto a favor del “Sí” y del “No” en el referendo constitucional de 2016 en los diferentes tipos de segmentos territoriales entre los que se distribuye el padrón).
En la animación se puede observar que las zonas rurales han tenido desde hace más de una década una preferencia notablemente favorable al Movimiento al Socialismo, superior por varios puntos a la existente en otros segmentos de la población.
Es decir, los ciudadanos rurales no son únicamente numerosos y además con similar derecho a ser escuchados en sus preocupaciones y preferencias electorales que el resto de los bolivianos, sino que su ausencia puede introducir errores y confusiones importantes en las estimaciones que se obtengan a partir de estudios que nos los hayan considerado adecuadamente.
